“En una
jornada especial del pleno legislativo, en un día martes, sin debates de por
medio, los partidos políticos demostraron su poder para torcer normativas
creadas para combatir el delito y dieron blindaje a algunos sospechosos para
que no se les decomisen sus bienes obtenidos por actos ilícitos.”
Lo anterior
es el lead o entrada de una nota
publicada el 19 de julio de 2017 en la revista en línea Factum, editada en El
Salvador por los periodistas Héctor Silva Ávalos y Orus Villacorta Aguilar, (http://revistafactum.com/los-diputados-suavizan-una-ley-contra-corruptos-y-crimen-organizado/). Se refiere a la contrarreforma a la Ley de Extinción de Dominio, originalmente
aprobada en junio de 2014 para favorecer la lucha contra la corrupción.
La nota
refiere. “Tres años después, y luego de que la ley terminó tocando a los mismos
políticos y a algunos de sus contactos influyentes, los legisladores del FMLN
(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, GANA (Gran Alianza por la
Unidad Nacional), PCN (Partido de Concertación Nacional ) y una diputada
de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) decidieron hacer cambios para
favorecer a los corruptos”.
En otro
caso, el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile, publicó en su
portal el pasado 22 de enero de este año: “No solo no hay cárcel para los
corruptos. Ahora se están salvando incluso de condenas simbólicas como las que
Se trata de
la batalla contra la corrupción en Chile, dada una legislación a modo que había
sido promulgada a favor de los corruptos. “Es cierto que desde el principio
tenían todo a su favor. Las leyes,
redactadas por la propia élite, estaban hechas a su medida. Algunos casos
de corrupción, como la colusión, ni siquiera se consideraban delito. La evasión
tributaria estaba resguardada por un candado que impedía perseguirla si la
autoridad política, a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo
impedía. Los corruptos usaron todas sus armas. Y ganaron.”
El Banco
Mundial asevera que la corrupción “comúnmente es definida como el abuso de
organismos públicos o privados para beneficios personales” y al referirse a la
corrupción política expresa que “involucra a los legisladores… que actúan en su
papel de creadores de las reglas y normas mediante las cuales opera una entidad
política.” (http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf)
Por su
parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se refiere a
la corrupción política como aquellos “actos en los que los servidores públicos
de más alta jerarquía están más preocupados por su
El portal de la Presidencia de la República Mexicana dice que “La
corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos
del gobierno que involucran la
distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a
los líderes beneficiarse a expensas del bien común.” (https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion).
Por su lado, el Doctor en Administración Pública
Juan José Sánchez González, en el artículo “La corrupción administrativa en México: una aproximación para su estudio”
(http://www.redalyc.org/pdf/726/72630717007.pdf) cita que “la corrupción administrativa es identificable y,
aunque de existir un sistema de administración para controlarla y sancionar
“algunas” prácticas corruptas, es un hecho que los regímenes políticos (partido hegemónico y de alternancia política),
han concebido a la corrupción como un incentivo por el hecho de que permite
alcanzar el poder.”
El
presidente electo de México, desde su primera campaña ha insistido en que él
acabará con la corrupción a partir de su propio ejemplo y honestidad. No sé si
en algún momento de su vida política haya caído en algún tipo de corrupción
económica, especialmente como dirigente estatal del PRI. En ese caso, no habría
cometido alguna corrupción económica.
Pero
si se habla de corrupción política, el próximo jefe del Poder Ejecutivo no
tiene par. Entre otras cosas, se convirtió en Jefe de Gobierno del Distrito
Federal violando la Ley Electoral local al no cumplir con el requisito de
residencia y, cuando perdió la elección en 2006, instaló un campamento ilegal
en Paseo de la Reforma contraviniendo el Bando 13 que él mismo había promovido en el que se prohibían
las protestas que afectaran la movilidad vehicular en las principales vías de
la Ciudad.
Numerosos columnistas de diarios en la Ciudad
de México recientemente han señalado acciones del próximo presidente que caen
en el ámbito de la corrupción política: Las “consultas ciudadanas” sobre
decisiones ya tomadas; reducir los sueldos de la democracia en contra de la Ley;
sugerir corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto sin presentar
pruebas de ello, pero ofrecer nuevos contratos a los presuntos empresarios
“corruptos”; asignar contratos nuevos sin licitación; atentar contra el medio
ambiente para la construcción de un tren sin presentar el plan y la manifestación
de impacto ambiental; modificar una ley para que uno de sus colaboradores pueda
asumir el cargo….
Como él mismo dice al referirse a los
corruptos, no tiene llenadera para violar el artículo 109 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (“La comisión de delitos por parte de
cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción,
será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.”)
Es interesante recordar que al
desconocer el resultado electoral de 2006 y su ratificación por parte del Tribunal,
López Obrador declaró en un mitin de protesta: “Se fracturó el orden
constitucional, ya que los magistrados se negaron a transparentar la elección
para someterse a una minoría privilegiada que ha tomado las
instituciones y las mantiene secuestradas para su propio beneficio. Ese atentado a la legalidad
constitucional y a la vida democrática, obliga a reasumir el ejercicio
de la soberanía popular y abolir de una vez y para siempre el régimen de
corrupción y privilegios que impera en el país. Por eso, aunque no les guste a mis
adversarios, ¡al diablo con sus
instituciones!
Ahí
la lleva.
