martes, 30 de abril de 2019

LOS PROYECTOS Y LA AGENDA AMBIENTAL



Este lunes 29 de abril AMLO dio el “banderazo” de los trabajos preliminares para el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Los medios de comunicación reportaron que el funcionario expresó que “estamos esperando la manifestación de impacto ambiental y queremos cumplir cabalmente con la legalidad”.

Días antes, el 23 de abril se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de Impacto Ambiental del Aeropuerto de Santa Lucía; en dicho documento se reconoce que habrá afectaciones al agua, que se emitirán más contaminantes al aire por la actividad aérea y que las aves no impactarán a los aviones porque el mismo ruido las alejará, entre otros puntos.

Ante este hecho y lo que ha de venir con los otros grandes proyectos del actual régimen (Tren Maya, Ferrocarril Transistmico y la refinería en Tabasco), vale la pena recordar que hace prácticamente un año, el 5 de junio, con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente, AMLO  presentó en Zacatelco, Tlaxcala, la Agenda de Medio Ambiente 2018-2024 surgida, según se dijo, del consenso con diversos sectores de la sociedad: academia, pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil, sector productivo y otros.

Dicha agenda inicia con lo que denomina la “filosofía socio ambiental de AMLO” en la que dice que la reconstrucción del tejido social con un enfoque biocéntrico “permite conservar y restaurar el patrimonio natural y biológico de nuestro país al mismo tiempo que impulsa y fomenta el desarrollo sustentable” y establece el compromiso “de que cualquier acción o política pública se mida por el impacto que éstas tengan sobre el desarrollo integral de las comunidades.”
  
Parte de esa filosofía incluye el respeto a “animales, las plantas, las piedras, todos los seres de la creación”, considera una visión de derechos humanos y respeto por la naturaleza, la participación ciudadana y una distribución eco-eficiente de los recursos públicos. Finalmente establece tres premisas: El ser humano en armonía con el medio ambiente; el derecho a existir de la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas y todos los seres vivos; y relación armónica naturaleza-sociedad.

Algunos contrastes

En la perspectiva de los proyectos del régimen, estos son algunos contrastes con la agenda ambiental:

El mismo lunes del “banderazo” y de manera sorpresiva el presidente expresó: “ya se llevó a cabo la consulta en los pueblos de alrededor de Santa Lucía” (Aunque luego, a riesgo de ser regañado, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –Sedatu- precisó que la consulta sólo se hizo en una comunidad).

La agenda ambiental expresa: “Vista como un derecho humano, la participación ciudadana, se ejerce efectivamente cuando el Estado genera una oferta real y suficiente de espacios o mecanismos de participación ciudadana formales, en dónde se ejerza la deliberación pública; por ello, nuestro gobierno se caracterizará en la promoción del ejercicio de este derecho humano en temas ambientales.” En otro apartado reitera: “Un elemento previo para promover la participación ciudadana es la información, suficiente, oportuna, en calidad y medios adecuados”.
  
La manifestación de impacto ambiental presentada por Sedena expone: “…el problema fundamental es que pozos (de agua) se encuentran dentro del predio
de la SEDENA pertenecen al mismo acuífero Cuautitlán-Pachuca, esto implica que los 750 m3/día requerido para la etapa de preparación del sitio y
El Universal (Nov 13, 2018)
construcción se verá más impactado el manto acuífero Cuautitlán-Pachuca, y de acuerdo los estudios realizados por la CONAGUA este acuífero se encuentra actualmente sobreexplotado, por lo que el impacto se considera como adverso significativo.”


La filosofía socio-ambiental de AMLO expone: “Promover un marco legal nuevo que incorpore la perspectiva de derecho humano al agua, y que habilite un nuevo modelo de gestión integral y sustentable del recurso, en concordancia con la perspectiva de los territorios y las diferencias en la disponibilidad del recurso en el país.” Más adelante sugiere “Promover una perspectiva de derechos humanos en la gestión del recurso agua, en todas las fases de su manejo integral.”

En otro apartado la manifestación de Sedena contempla cambios en la calidad de vida de la población aledaña dado que “el ruido y vibraciones modificarán el ambiente sonoro actual”, generará afectaciones en el largo plazo dado que "en ciertos momentos se esperaría que el nivel de ruido aumente más de 65 decibelios (dBA), llegando a estar entre 80-90 dBA, en las zonas más cercanas, ruido que es intermitente y que persistiría durante el día y parte de la noche;
Impacto ambiental en los conos
de aproximación y despegue
esta condición puede afectar la salud de las personas en una zona puntual del área de influencia directa (AID), que está dentro de una franja de 3 km de ancho desde el aeropuerto…”.
La citada filosofía expone la necesidad de “…las actividades productivas y de aprovechamiento, no contravengan los esfuerzos de conservación y mejoren la calidad de vida de las personas que en ellas habitan.”

En cuanto al proyecto del tren maya, especialistas han declarado que amenaza los ecosistemas y hábitats de las especies endémicas: jaguar, puma, tapir, pecari de labios blancos, saraguato de manto, mono araña, zopilote rey y águila elegante y que sus efectos en las poblaciones de flora, en su mayoría caoba y cedro, pondrían en riesgo el equilibrio ecológico.

La agenda citada reconoce que “La deforestación del territorio nacional por cambios de uso de suelo es intensa; en 20 años se perdieron una tercera parte de los bosques templados y tropicales de México”, por lo que propone “esquemas democráticos de manejo forestal comunitario sustentable, con visión ecosistémica, paisajística y territorial.”

Finalmente también vale recordar que en el “Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México” de la ONU publicado en junio del año pasado, se reconoce que en nuestro país existen diversas disposiciones normativas sobre consulta indígena  que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) publicó en 2013 los lineamientos para la implementación de consultas a pueblos indígenas, aunque su debilidad es que no tienen carácter vinculante, además de que no existe claridad sobre quién debe ser consultado y quiénes son las autoridades indígenas representativas.



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