En el marco de la visita de Estado a Gran Bretaña a
principios de marzo, el Presidente de la República expresó al diario Financial
Times que México está "plagado de incredulidad y desconfianza". Días
antes, el Secretario de Hacienda había dicho al mismo medio que “podemos
realizar 10 reformas energéticas pero, si no añadimos confianza, no podremos
aprovechar todo el potencial de la economía mexicana. Se trata de una cuestión
de confianza ".
A su regreso de la tan comentada visita, el Presidente anunció
algunas acciones de comunicación que, evidentemente, llevaban la intensión de
generar credibilidad y confianza. La primera de ellas, el viernes 6 de marzo,
fue el cambio de su Coordinador de Comunicación Social, designando al abogado
Eduardo Sánchez, seguramente con la expectativa de una mejor planeación y
ejecución de la comunicación.
Durante la ceremonia de toma de posesión el
“Yo quiero confiarle a
él esta tarea, a Eduardo, para que
realmente la Comunicación Social del Gobierno de la República, y ahora la
de la Presidencia de la República, sea
una que permita realmente proyectar, en su exacta dimensión y con toda
oportunidad, el trabajo que realiza el Gobierno, pero muy señaladamente el
Presidente de la República ante la sociedad mexicana.”
A cuatro días de su designación, Sánchez, antes vocero del Vocero
del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, expresó en una entrevista
radiofónica: “Mi convicción es que lo
que a nosotros, como gobierno, nos dicta la Ley, es que los ciudadanos tengan
información en donde con claridad podamos exponer de qué se trata”. Luego
dijo una verdad con relación a los mensajes:
“la apreciación que se tenga estará derivada de la calidad de información que
cada persona reciba.”
Lo que el nuevo coordinador de comunicación gubernamental no
dijo en ese momento es que, además de la calidad de la información, la
apreciación de las audiencias (medios de comunicación y ciudadanos) se
fortalece con la veracidad respaldada con las acciones de gobierno a favor del
interés público.
Marguerite Hoxie Sullivan, autora “Una
oficina de prensa responsable", publicada por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, escribió en un
En la referida entrevista el nuevo Coordinador de Comunicación
del gobierno, recordó que por ello se estaban presentando los avances de las
reformas estructurales promovidas por el gobierno: “Hemos hablado mucho
respecto a las reformas: ahora es importante que la gente sepamos qué pasa con
estas reformas y de qué manera nos benefician a nosotros. La pregunta que
tenemos que responder en todo momento es: ¿esto que está haciendo el gobierno
para qué le sirve al ciudadano?”
En efecto, el día anterior se había realizado la
presentación relacionada con los avances de la reforma en telecomunicaciones y,
ese día, se haría lo propio con la reforma financiera. Sin embargo los
resultaron son dudosos. La reportar del mismo noticiario, al reportar sobre
estos avances, comentó que se presentaron videos de “supuestos
beneficiados por las reformas”. Es decir, quienes dan testimonio al parecer
fueron preparados por los equipos de producción para expresar lo más
conveniente. Ello, de conformidad con Sullivan, cae en la falta de honradez y,
en consecuencia no contribuye a la credibilidad y a la confianza.
¿Cómo creer y confiar cuando la expectativa de crecimiento
de la economía del país para este año, originalmente estimada en 3.7% ha sido
continuamente modificada a la baja?
¿Cómo generar confianza cuando el Secretario de la Función Pública,
encargado explícitamente de investigar el tema de las casas de la esposa del
Presidente y del Secretario de Hacienda, de inmediato aclaró que sólo va a
investigar el proceso de licitación de las obras asignadas a la constructora
beneficiada con obras? (Por cierto: ¿Por qué dicha constructora quitó su nombre
del directorio del edificio en donde están sus oficinas en Santa Fe? Parece que
nadie les orientó sobre las suspicacias que ello genera, reafirmando la
desconfianza en el tema de las famosas casas).
Cumplir las expectativas de una mejor planeación y ejecución
de la comunicación implica también estar alerta a la opinión pública, a la
opinión publicada y a eventos que, dentro de ciertos contextos, pueden poner en
cuestionamiento la eficacia de la comunicación y de la actuación presidencial.
Un ejemplo de ello que prácticamente desató la crisis de credibilidad que vive
el gobierno, es el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa: comunicación
presidencial tardía, poco involucramiento y apariencia de poco compromiso y un manejo
de la información que ha dejado insatisfacción en la sociedad.
Un caso más actual es el conflicto surgido en los últimos
días entre MVS y la periodista Carmen Aristegui. Aun cuando aparentemente se trata
de un asunto entre un patrón y un empleado, parte del contexto en el que surgió
el conflicto es la investigación y publicación del tema de la casa blanca de la
Primera Dama y el conflicto surge a pocos días del relevo en comunicación
social de la Presidencia.
Ello indudablemente ha generado suspicacias que han
trascendido las fronteras nacionales y repercuten en la credibilidad y
confianza en el gobierno. A ello también contribuyen opiniones y datos que son
poco conocidos para el grueso de la sociedad, como los que aportó el periodista
Raymundo Riva Palacio: “Joaquín Vargas, jefe de la empresa, está vinculado al
senador Emilio Gamboa, con fuerte ascendencia en Los Pinos, quien impulsó a
Eduardo Sánchez, ex abogado de MVS y hoy es director de Comunicación Social de
la Presidencia.”
Sea coincidencia o verdad, si la estrategia de comunicación
del gobierno es abstenerse de opinar, el nuevo coordinador de comunicación está
olvidando lo que él mismo comentó en la entrevista radiofónica: “Si nosotros no
lo hacemos con claridad, ese espacio se llena por otros que hablan más claro
que nosotros y entonces, la apreciación que se tenga, estará derivada de la
calidad de la información que cada persona reciba.”
El reto es convencer a los ciudadanos, a través de la comunicación
y reforzado con la acción, que el gobierno reconoce los problemas y los está
atacando o al menos reduciendo, que los miembros del gabinete tienen capacidad
profesional y honradez y que al Presidente de la República no sólo se
compromete, sino que se involucra a favor de sus gobernados.
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