La Coparmex de inmediato se opuso a tal propuesta y
en su portal
electrónico refiere que “La historia
reciente ha demostrado que este tipo de regularizaciones, generan una gran
afectación a la industria automotriz
En efecto, el tema no es nuevo en México.
Desde mediados del siglo pasado al adquirir un automóvil o
cualquier vehículo para transporte se requería registrarlo en el Registro
Federal de Automóviles, en acatamiento a la Ley correspondiente establecida en
1955.
Para un auto nuevo la distribuidora se encargaba del
trámite y el propietario recibía, junto con la tarjeta de circulación, un
tarjetón con los datos del vehículo y diversos renglones para registrar los
cambios de propietario. El auto se
entregaba con una placa metálica grabada adherida al poste de la puerta,
conteniendo los datos básicos (número de registro, serie, motor,
Quien adquiría un auto usado, tenía que iniciar un trámite
ante las oficinas del propio Registro Federal de Vehículos, lo que derivaba en
una serie de abusos por parte de todos los involucrados. Situación similar ocurría
con los autos importados.
Pero el ingreso ilegal de vehículos siguió creciendo y el 9
de julio de 1956 se publicó un decreto en donde se autorizaba la regularización
de vehículos nuevos y usados de procedencia extranjera. El Gobierno argumentó
que esa era la primera y última vez
que sucedía algo similar. Sin embargo, desde entonces y hasta 1999 se dieron
otros nueve decretos regularizadores; en
cada uno se aseguraba que ya no se dejaría entrar más autos ilegales.
Gracias a ello, particulares con potencial económico
pudieron importar autos de Estados Unidos, Canadá, Alemania o Francia,
principalmente. Cada vehículo debía ser registrado a través de una “tarjeta
aduanal”.
Ese era el modelo de la industria automotriz mexicana en
tiempos del Presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958): autos importados
sujetos a cuotas y un registro vehicular generalmente complicado y corrompido.
Sin embargo, surgió en el gobierno la inquietud por mexicanizar la industria,
incorporarle contenido nacional y generar un aparato proteccionista.
El paso lo dio su sucesor Adolfo López Mateos -aficionado a
los autos y poseedor, entre otros de un Ferrari (importado, por supuesto)- cuando en 1962 emitió la “Ley de Fomento de la
Industria Automotriz” por la que dicho sector pasó de ser ensamblador a
fabricante. Para 1964 se empezaron a
vender en el país autos y camiones con motores fabricados en México, al tiempo
que se cerraron las fronteras a la importación de vehículos. Ello produjo dos
efectos:
•
Al dejar de
ingresar autos al país, los que ya circulaban en México quedaron en calidad de
vehículos descontinuados y con pocas posibilidades de mantenimiento o
reparación.
•
La falta de
refacciones para los mismos abrió el mercado al contrabando y a la apertura de
refaccionarias de autos europeos, ubicadas en la colonia Roma de la ciudad de
México, en donde era fácil encontrar piezas, nuevas o usadas.
A fin de garantizar seguridad jurídica de los propietarios
de automóviles, el 13 de enero de 1965 se publicó en el Diario Oficial la Ley
del Registro Federal de Automóviles que facultaba al Registro Federal de
Automóviles y sus delegaciones a administrar este registro y autorizar todos
los trámites relacionados con su inscripción definitiva, provisional o
temporal.
Así, con una Ley de fomento y otra para el registro de los
autos, en 1966 se
Sin embargo, el Registro Federal de Automóviles desapareció
al abrogarse la ley que le dio origen. El 30 de diciembre de 1977, se emitió
una nueva Ley del Registro Federal de Vehículos que pretendía establecer el
control fiscal y el registro de vehículos, que también se derogó el 28 de diciembre de 1989.
A lo largo de las últimas tres décadas del siglo
pasado se dieron numerosos esfuerzos para regularizar vehículos ilegales. El
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados
publicó en
un estudio, en 2004: “En los últimos 25 años ha habido un total de 14
programas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera,
donde los primeros acuerdos únicamente permitían la regularización para los
propietarios avecindados en las zonas fronterizas. Con el paso del tiempo se
fue ampliando el beneficio a los campesinos al permitir la regularización de
vehículos destinadas a actividades agropecuarias y forestales como pickups y
camiones tipo estacas.”
El 27 de diciembre
del 2000 fue aprobada en la Cámara de Diputados la “Ley para la Inscripción de
Vehículos de Procedencia Extranjera”. Entre los motivos que los legisladores
manifestaron para aprobar dicha Ley destacaba permitir un mejor control de las
unidades inscritas, a fin de combatir la inseguridad, dado el uso de este tipo
de unidades en la realización de diversos tipos de ilícitos. Asimismo consideraron
que la importación ilegal de vehículos causa un daño importante a la planta
productiva del país, importante generadora de empleo.
En esta ocasión, el principal motivo de
los legisladores, según el diputado Manuel López Castillo, de Morena, es que “sería
una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales,
se habla de alrededor de 50 mil millones de pesos que se podría lograr con esa
regularización”.
Primero el dinero y luego, si se
acuerdan, la seguridad.
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