lunes, 26 de noviembre de 2018

AL DIABLO CON LAS INSTITUCIONES



“En una jornada especial del pleno legislativo, en un día martes, sin debates de por medio, los partidos políticos demostraron su poder para torcer normativas creadas para combatir el delito y dieron blindaje a algunos sospechosos para que no se les decomisen sus bienes obtenidos por actos ilícitos.”

Lo anterior es el lead o entrada de una nota publicada el 19 de julio de 2017 en la revista en línea Factum, editada en El Salvador por los periodistas Héctor Silva Ávalos y Orus Villacorta Aguilar, (http://revistafactum.com/los-diputados-suavizan-una-ley-contra-corruptos-y-crimen-organizado/). Se refiere a la contrarreforma a la Ley de Extinción de Dominio, originalmente aprobada en junio de 2014 para favorecer la lucha contra la corrupción.

La nota refiere. “Tres años después, y luego de que la ley terminó tocando a los mismos políticos y a algunos de sus contactos influyentes, los legisladores del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional), PCN (Partido de Concertación Nacional ) y una diputada de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) decidieron hacer cambios para favorecer a los corruptos”.

En otro caso, el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile, publicó en su portal el pasado 22 de enero de este año: “No solo no hay cárcel para los corruptos. Ahora se están salvando incluso de condenas simbólicas como las que
recibieron Jovino Novoa o Giorgio Martelli. Ni siquiera hay sanción social. Para sus pares, los corruptos son «gente como uno»,  esa que a lo más comete «errores», y que son víctimas de algún molesto empleadillo público, empecinado en perseguirlos por ello.”

Se trata de la batalla contra la corrupción en Chile, dada una legislación a modo que había sido promulgada a favor de los corruptos. “Es cierto que desde el principio tenían todo a su favor. Las leyes, redactadas por la propia élite, estaban hechas a su medida. Algunos casos de corrupción, como la colusión, ni siquiera se consideraban delito. La evasión tributaria estaba resguardada por un candado que impedía perseguirla si la autoridad política, a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo impedía. Los corruptos usaron todas sus armas. Y ganaron.”

El Banco Mundial asevera que la corrupción “comúnmente es definida como el abuso de organismos públicos o privados para beneficios personales” y al referirse a la corrupción política expresa que “involucra a los legisladores… que actúan en su papel de creadores de las reglas y normas mediante las cuales opera una entidad política.”  (http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf)

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se refiere a la corrupción política como aquellos “actos en los que los servidores públicos de más alta jerarquía están más preocupados por su 
beneficio personal y su poder que por el desarrollo de la sociedad sobre la que gobiernan.” (Consequences of Corruption at the Sector Level and Implications for Economic Growth and Development,2015). Establece que puede afectar  en temas fundamentales como “la forma en que funcionan las instituciones y quién las controla”.

El portal de la Presidencia de la República Mexicana dice que “La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.” (https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion).

Por su lado, el Doctor en Administración Pública Juan José Sánchez González, en el artículo “La corrupción administrativa en México: una aproximación para su estudio” (http://www.redalyc.org/pdf/726/72630717007.pdf)  cita quela corrupción administrativa es identificable y, aunque de existir un sistema de administración para controlarla y sancionar “algunas” prácticas corruptas, es un hecho que los regímenes políticos (partido hegemónico y de alternancia política), han concebido a la corrupción como un incentivo por el hecho de que permite alcanzar el poder.”

El presidente electo de México, desde su primera campaña ha insistido en que él acabará con la corrupción a partir de su propio ejemplo y honestidad. No sé si en algún momento de su vida política haya caído en algún tipo de corrupción económica, especialmente como dirigente estatal del PRI. En ese caso, no habría cometido alguna corrupción económica.

Pero si se habla de corrupción política, el próximo jefe del Poder Ejecutivo no tiene par. Entre otras cosas, se convirtió en Jefe de Gobierno del Distrito Federal violando la Ley Electoral local al no cumplir con el requisito de residencia y, cuando perdió la elección en 2006, instaló un campamento ilegal en Paseo de la Reforma contraviniendo el Bando 13 que él mismo había promovido en el que se prohibían las protestas que afectaran la movilidad vehicular en las principales vías de la Ciudad. 

Numerosos columnistas de diarios en la Ciudad de México recientemente han señalado acciones del próximo presidente que caen en el ámbito de la corrupción política: Las “consultas ciudadanas” sobre decisiones ya tomadas; reducir los sueldos de la democracia en contra de la Ley; sugerir corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto sin presentar pruebas de ello, pero ofrecer nuevos contratos a los presuntos empresarios “corruptos”; asignar contratos nuevos sin licitación; atentar contra el medio ambiente para la construcción de un tren sin presentar el plan y la manifestación de impacto ambiental; modificar una ley para que uno de sus colaboradores pueda asumir el cargo….

Como él mismo dice al referirse a los corruptos, no tiene llenadera para violar el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.”)

Es interesante recordar que al desconocer el resultado electoral de 2006  y su ratificación por parte del Tribunal, López Obrador declaró en un mitin de protesta: “Se fracturó el orden constitucional, ya que los magistrados se negaron a transparentar la elección para someterse a una minoría privilegiada que ha tomado las instituciones y las mantiene secuestradas para su propio beneficio. Ese atentado a la legalidad constitucional y a la vida democrática, obliga a reasumir el ejercicio de la soberanía popular y abolir de una vez y para siempre el régimen de corrupción y privilegios que impera en el país. Por eso, aunque no les guste a mis adversarios, ¡al diablo con sus instituciones!

Ahí la lleva.

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