martes, 29 de octubre de 2019

IGNORANCIA Y NIVEL DE INCOMPETENCIA




Difícilmente un hombre puede ser experto en varios temas a la vez. Lo normal es que cuando un individuo decide a qué se va a dedicar, empiece a estudiar y acumular conocimientos  que le permitan desempeñar la actividad elegida y, con el tiempo, acumular experiencia y enriquecer el ejercicio de su actividad.

Eso implica que un individuo puede volverse experto en aquello a lo que se dedica e inclusive aportar a la sociedad o a la academia avances en su materia, pero también es un ignorante de otros temas y actividades. Considerando el tamaño del conocimiento que hay en la actualidad, el hombre es ignorante en la mayoría de las cosas y la ignorancia es un problema que se acrecienta y genera incompetencia.

En junio pasado mi amigo Pedro López Sela escribió en el portal de Expansión: “Recientemente ha surgido una pandemia caracterizada por el hecho de que cualquier persona “se siente” con las facultades suficientes para cuestionar lo que sea, sin importar que haya datos o información previa que demuestre lo contrario. Esto sucede con mayor frecuencia en quienes tienen una posición de poder o influencia, sin que necesariamente sean especialistas en determinados temas. Esa pandemia se llama ignorancia. ”

Cuando un ignorante no reconoce sus limitaciones y asciende  a posiciones de influencia, aun cuando se rodee de expertos que le asesoren en aquello que ni conoce ni domina, si no los escucha su propia ignorancia le lleva a lo que Lawrence J. Peters denomina su nivel de incompetencia lo que a la postre genera serias repercusiones negativas tanto para él como para quienes le rodean o han confiado en su “experiencia”.

Es de suponer que un presidente se haga rodear por expertos en los diferentes asuntos en que debe trabajar, especialmente cuando se trata de temas económico-financieros, políticos, laborales, salud y educación; pero una cosa es tenerlos cerca y otra escucharlos y respetar sus opiniones. El resultado es, como dice López Sela en su columna: “Cuando los más ignorantes se empoderan (o los empoderamos) se permiten ‘opinar’ y/o ‘argumentar’, sin datos, inclusive sobre temas que han sido discutidos, documentados, acordados y probados y que hasta ya son parte del conocimiento básico con el que cuenta o debe contar la población en general.”

Cuando eso sucede poco a poco se empieza a manifestar el nivel de incompetencia y empieza a fallar en el liderazgo que, entre otros factores, lo llevó al poder.

Elaine C. Kamarck
Elaine C. Kamarck, Directora fundadora del Centro para la Gestión Pública Efectiva en Washington D.C. escribe en su libro “Why Presidents Fail” (Brookings Institution Press, D.C. 2016):”El liderazgo presidencial exitoso ocurre cuando el presidente es capaz de poner en equilibrio tres habilidades: política, comunicación y ejecución.  Cuando no hay equilibrio, cuando esos componentes del liderazgo están fuera de control, viene el fracaso.”

En la actualidad parece una tendencia que los presidentes en diferentes países fallen en poner en balance estos tres factores y dan el énfasis de su gestión mayoritariamente en uno de ellos, especialmente el factor política y el de comunicación. La gran falla es darle el peso adecuado a la ejecución.

El doctor Samuel Kernell, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de California expresa en el libro “Going Public” (CQ Press, 2006) que en la actualidad “Los presidentes modernos han perdido el balance requerido para un buen liderazgo: pasan demasiado tiempo hablando y sustituyen equivocadamente el hablar por el hacer.” Y agrega que en la era de los medios, la obsesión por la comunicación “es un engaño que inevitablemente se derrumba ante el fracaso gubernamental.”

Es evidente en muchos casos que los presidentes no logran ese balance de factores y por tanto les es difícil cumplir con sus promesas de campaña lo que deriva en una disminución paulatina de su liderazgo ante sus gobernados. Larry Bossidy and Ram Charan, en su libro “El arte de la Ejecución en los negocios” (Edit. De Bolsillo, 2017) expresan que las estrategias generalmente fallan porque no son correctamente ejecutadas, de manera que lo que se supone que debería ocurrir, no sucede.” En el caso de los presidentes expresan que “pueden ser elegidos por su capacidad de inspirarnos y hacernos sentir bien. Pero tienen éxito, tanto a corto como a largo plazo, por su real capacidad real de actuar correctamente”.
 
En Administración el principio de Peter o principio de incompetencia afirma que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, a tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden formular ni siquiera los objetivos de un trabajo, y alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Este principio, formulado por Laurence J. Peters afirma que "Los mejores trabajadores no siempre son los mejores gerentes".

Si pensamos, por ejemplo, en el presidente de Estados Unidos, gestiona su presidencia a base de reiterativos discursos y mensajes en las redes sociales, con poca a nula atención a la opinión pública; su balanza de liderazgo es fuerte en comunicación pero débil en política e implementación. Su nivel de incompetencia parece estar en el plano de los negocios: generalmente bueno para todo tipo de negocios pero malo para la presidencia.

Samuel Kernell
En México el actual presidente se ajusta a la perfección a lo que describe Kernell: “Los presidentes en la actualidad desperdician más y más tiempo hablando en mítines y viajando, lo que significa que pasan menos tiempo en el trabajo.”

Tenemos un presidente cuya ignorancia le impide ver que la campaña electoral finalizó en junio del mes pasado y que el trabajo de gobernar no es comparecer todas las mañanas durante dos horas para reiterar mensajes, mofarse de sus “adversarios”, corregir a sus colaboradores; tampoco lo es mostrar insensibilidad ante muchos eventos que suceden en el país y viajar únicamente dentro del territorio nacional, desdeñando eventos internacionales. Su balance de liderazgo se centra en la comunicación y en menor medida en la política, pero no en la implementación y ejecución.

Parafraseando a Peters: en cuanto a México los mejores líderes sociales no siempre son los mejores presidentes; la permanencia en campaña es su nivel de incompetencia. Tenemos un ignorante empoderado.



martes, 22 de octubre de 2019

AUTOS ILEGALES: SEGURIDAD O DINERO



 En días pasados se dio a conocer que el grupo parlamentario del Movimiento de “Degeneración” Nacional (Morena) presentó en el Congreso una propuesta para legalizar cerca de 18 millones de autos chocolate al considerar que generaría una recaudación de alrededor de 50 mil millones de pesos.

La Coparmex de inmediato se opuso a tal propuesta y en su portal electrónico refiere que “La historia reciente ha demostrado que este tipo de regularizaciones, generan una gran afectación a la industria automotriz
mexicana, provocando la caída estrepitosa de las ventas de automóviles y autopartes, y exponenciando el mercado ilegal e informal de venta de autos introducidos ilegalmente al País.”

En efecto, el tema no es nuevo en México.

Desde mediados del siglo pasado al adquirir un automóvil o cualquier vehículo para transporte se requería registrarlo en el Registro Federal de Automóviles, en acatamiento a la Ley correspondiente establecida en 1955.

Para un auto nuevo la distribuidora se encargaba del trámite y el propietario recibía, junto con la tarjeta de circulación, un tarjetón con los datos del vehículo y diversos renglones para registrar los cambios de propietario.  El auto se entregaba con una placa metálica grabada adherida al poste de la puerta, conteniendo los datos básicos (número de registro, serie, motor,
marca, modelo, chasis, etc.), y una calcomanía dorada pegada en la parte superior central del parabrisas, misma que debería permanecer siempre visible.

Quien adquiría un auto usado, tenía que iniciar un trámite ante las oficinas del propio Registro Federal de Vehículos, lo que derivaba en una serie de abusos por parte de todos los involucrados. Situación similar ocurría con los autos importados.

Pero el ingreso ilegal de vehículos siguió creciendo y el 9 de julio de 1956 se publicó un decreto en donde se autorizaba la regularización de vehículos nuevos y usados de procedencia extranjera. El Gobierno argumentó que esa era la primera y última vez que sucedía algo similar. Sin embargo, desde entonces y hasta 1999 se dieron otros nueve decretos regularizadores; en cada uno se aseguraba que ya no se dejaría entrar más autos ilegales.

Gracias a ello, particulares con potencial económico pudieron importar autos de Estados Unidos, Canadá, Alemania o Francia, principalmente. Cada vehículo debía ser registrado a través de una “tarjeta aduanal”.

Ese era el modelo de la industria automotriz mexicana en tiempos del Presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958): autos importados sujetos a cuotas y un registro vehicular generalmente complicado y corrompido. Sin embargo, surgió en el gobierno la inquietud por mexicanizar la industria, incorporarle contenido nacional y generar un aparato proteccionista.

El paso lo dio su sucesor Adolfo López Mateos -aficionado a los autos y poseedor, entre otros de un Ferrari (importado, por supuesto)-  cuando en 1962 emitió la “Ley de Fomento de la Industria Automotriz” por la que dicho sector pasó de ser ensamblador a fabricante.  Para 1964 se empezaron a vender en el país autos y camiones con motores fabricados en México, al tiempo que se cerraron las fronteras a la importación de vehículos. Ello produjo dos efectos:
         Al dejar de ingresar autos al país, los que ya circulaban en México quedaron en calidad de vehículos descontinuados y con pocas posibilidades de mantenimiento o reparación.
         La falta de refacciones para los mismos abrió el mercado al contrabando y a la apertura de refaccionarias de autos europeos, ubicadas en la colonia Roma de la ciudad de México, en donde era fácil encontrar piezas, nuevas o usadas.

A fin de garantizar seguridad jurídica de los propietarios de automóviles, el 13 de enero de 1965 se publicó en el Diario Oficial la Ley del Registro Federal de Automóviles  que facultaba al Registro Federal de Automóviles y sus delegaciones a administrar este registro y autorizar todos los trámites relacionados con su inscripción definitiva, provisional o temporal.

Así, con una Ley de fomento y otra para el registro de los autos, en 1966 se
abrieron las primeras fábricas de autos en México: Autos Mexicanos (Automex) fabricante de Dodge; Vehículos Automotores Mexicanos (VAM) productores de Rambler; Nissan con su línea de Datsun, Renault y por supuesto  Ford, Chevrolet y Volkswagen. En 1969 se publicó otro decreto para ampliar los niveles de producción y fomentar la exportación de motores y autopartes.

Sin embargo, el Registro Federal de Automóviles desapareció al abrogarse la ley que le dio origen. El 30 de diciembre de 1977, se emitió una nueva Ley del Registro Federal de Vehículos que pretendía establecer el control fiscal y el registro de vehículos, que también se derogó el 28 de diciembre de 1989.

A lo largo de las últimas tres décadas del siglo pasado se dieron numerosos esfuerzos para regularizar vehículos ilegales. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados publicó en un estudio, en 2004: “En los últimos 25 años ha habido un total de 14 programas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera, donde los primeros acuerdos únicamente permitían la regularización para los propietarios avecindados en las zonas fronterizas. Con el paso del tiempo se fue ampliando el beneficio a los campesinos al permitir la regularización de vehículos destinadas a actividades agropecuarias y forestales como pickups y camiones tipo estacas.”

El 27 de diciembre del 2000 fue aprobada en la Cámara de Diputados la “Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera”. Entre los motivos que los legisladores manifestaron para aprobar dicha Ley destacaba permitir un mejor control de las unidades inscritas, a fin de combatir la inseguridad, dado el uso de este tipo de unidades en la realización de diversos tipos de ilícitos. Asimismo consideraron que la importación ilegal de vehículos causa un daño importante a la planta productiva del país, importante generadora de empleo.

En esta ocasión, el principal motivo de los legisladores, según el diputado Manuel López Castillo, de Morena, es que “sería una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales, se habla de alrededor de 50 mil millones de pesos que se podría lograr con esa regularización”.

Primero el dinero y luego, si se acuerdan, la seguridad.


lunes, 14 de octubre de 2019

¿SEGURIDAD NACIONAL EN SANTA LUCÍA?




La semana pasada uno de los temas que estuvo en la agenda pública fue la decisión de revocar al menos tres de las siete suspensiones que impiden la construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Conforme la publicación y comentarios en diferentes medios de comunicación, en la revocación de dichos amparos influyó la opinión del actual presidente  quien decidió invocar la “seguridad nacional” para decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, bienes y equipo de la Sedena en dicha instalación. Según la Sedena el amparo “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”. 

Me parece contradictorio que por un lado se mencionen instalaciones estratégicas relacionadas con la seguridad nacional y que por el otro se construya un aeropuerto civil dentro de dichas áreas estratégicas. La lógica indicaría que la presencia de civiles dentro de un área estratégica sí implicaría un riesgo a la seguridad nacional.

En otras ocasiones me he referido a la importancia en la prevención de crisis de comunicación de plantear escenarios especialmente cuando se quiere tomar una decisión que puede causar efectos a un sector de la sociedad, en el caso de instituciones gubernamentales, o a clientes y proveedores en el caso de empresas. Creo que al hablar de seguridad nacional ello es imprescindible.

No obstante, hasta el momento no he sabido que algún funcionario de primer nivel -ya en Palacio Nacional o en la propia Secretaría de la Defensa- explique por qué una instalación civil dentro de una zona estratégica no representa un riesgo para la seguridad nacional,  concepto por demás ambiguo y de uso discrecional y a conveniencia.

Foto: El Sol de México
Por ejemplo, la revista Proceso publicó en su edición de la semana pasada que para la Sedena la ampliación de su estacionamiento era asunto de seguridad nacional: “El argumento de ’seguridad nacional’ fue que el secretario de la Defensa pasa por ahí y por lo tanto no se puede difundir información sobre la obra. Eso ocurrió en el sexenio pasado.”


¿Qué entiende el gobierno por seguridad nacional?

El 1 de diciembre del año pasado, al iniciar el nuevo régimen, el Centro Nacional de Inteligencia publicó que, a partir de la Constitución, la Seguridad Nacional es: “La condición o situación de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a su población, para que ésta pueda desarrollar plenamente su potencial y esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional, mediante la implementación de estrategias de protección y empoderamiento que propicien la gobernabilidad democrática y el mantenimiento del orden constitucional para la consolidación del proyecto nacional.”

El Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024 del actual presidente, al referirse a la seguridad nacional se refiere a esta como “una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera…”; propone coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional; establecer un Sistema Nacional de Inteligencia; actualizar el catálogo y clasificación de Instalaciones Estratégicas; promover el concepto de cultura de Seguridad Nacional; repensar la seguridad nacional; y establece que el Ejército y la armada conservarán sus tareas constitucionales en la preservación de la seguridad nacional.

Me parece que la construcción del mencionado aeropuerto en Santa Lucía no contribuye a la “protección y empoderamiento que propicien la gobernabilidad democrática”, poco tiene que ver con “la consolidación del proyecto nacional” y con “la integridad y la soberanía nacionales” y, finalmente, más que permitir que las fuerzas armadas conserven su tareas constitucionales en preservación de la seguridad nacional estarán distraídas, primero en la construcción de la terminal aérea y luego en su cuidado y conservación.

¿Realmente se está tomando en serio el tema de seguridad nacional por parte del actual régimen?


lunes, 7 de octubre de 2019

LOS RIESGOS DE CUBRIR UNA MANIFESTACIÓN



La marcha que cada año se realiza el 2 de octubre para conmemorar la masacre de 1968, este año se caracterizó por la decisión del gobierno de la Ciudad de México de “invitar” a empleados de las diferentes alcaldías a montar un “cinturón de paz” para disminuir las posibles agresiones de grupos violentos denominados anarquistas, fracción conservadora o “conservanarquistas”.

El seguimiento a la marcha fue posible de manera puntual gracias a la cobertura
Foto: Noticieros Televisa
de diversos medios de comunicación a través de transmisiones vía televisión, telefonía y redes sociales. Desde diferentes puntos los reporteros de cada medio se enlazaban simultáneamente para dar cuenta de lo que sucedía. Pero, al igual que los integrantes del “cinturón de paz”, varios de ellos sufrieron agresiones tanto en su persona como en sus equipos.

Cubrir la información de este tipo de eventos conlleva el riesgo de agresiones violentas. Vale recordar la sufrida a reporteros de ADN 40 y de otros medios al cubrir la manifestación en contra de la violencia de género en la CDMX. No ha sido el único caso ni únicamente en la Ciudad de México sino en muchas ciudades del mundo. Por ejemplo, el año pasado un periodista en Monclova fue agredido por elementos de Fuerza Coahuila y del Grupo de Armas y Tácticas Especiales al cubrir el desalojo  violento de manifestantes a las afueras de la planta de Pemex; Recientemente en Quito, Ecuador,  la Unión Nacional de Periodistas denunció agresiones físicas y verbales por parte de las fuerzas de seguridad en contra de reporteros que cubrían protestas en contra de las
medidas económicas del gobierno.

No creo que en las escuelas de periodismo de la actualidad se impartan clases sobre cobertura de manifestaciones, pero independientemente de que los reporteros en prácticamente todo el mundo cuentan con el respaldo de sus medios ante este tipo de coberturas, hay organizaciones de profesionales que se preocupan por dar cierta capacitación a los reporteros novatos.

El Asunción, Paraguay, Cyborgfeministas, “organización sin fines de lucro que desarrolla tecnología cívica y defiende los derechos humanos en Internet en pos de una cultura libre” publicó una guía para cobertura de manifestaciones para medios y organizaciones denominada “Nos Cuidamos en Manada” en el que describe los elementos necesarios para la cobertura de una manifestación, diseñada para reporteras.

Al explicar el cómo cubrir una manifestación el manual señala: “PROTÉGETE:
lleva algún tipo de identificación. Ve con ropa cómoda, holgada, con zapatos que te permitan correr con facilidad. Si usas lentes, lleva los normales, no los de contacto. Cubre tu cabello con un pañuelo”.

Asimismo previene el asistir acompañada: “En lo posible, realiza la cobertura con alguien de tu organización o medio, para contar con apoyo de seguridad y también de registro. Si vas sola, asegúrate de que alguien en tu organización se mantendrá comunicada contigo todo el tiempo de la cobertura.”

Después sugiere tomar fotos y videos desde distintos ángulos, tanto panorámicas como de mantas y carteles así como de rostros “para mostrar qué personas participan de la manifestación y transmitir emociones” pero previene sobre revelar la identidad de manifestantes. Finalmente recomienda  proteger los equipos (cámaras y celulares) ante la posibilidad de chorros de agua, gases lacrimógenos o golpes,  y ubicarse a una distancia prudente de los lugares de confrontación para registrar los hechos con el menor riesgo posible.

Por su parte, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en conjunto con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo de la región, elaboró el documento “Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protestas Sociales”. Se trata de una guía de asistencia práctica a quienes ejercen la labor de observación de manifestaciones o protestas, que bien podrían ser aplicables a los reporteros que las cubren.

Después de una serie de recomendaciones previas para evaluar los riesgos que puede tener una manifestación y considerar medidas de seguridad a adoptar ante posibles problemas, así como probables rutas de escape, las directrices recomiendan, entre otras medidas:
  •       Llegar al lugar de comienzo de la manifestación antes que las y los participantes para familiarizarse con el entorno y ubicarse de acuerdo con la localización de la manifestación y la probable posición de los principales participantes.
  •      Mantenerse siempre a una distancia prudente y suficiente de los manifestantes y de la policía.
  •      Actuar en forma prudente para evitar que se interprete su presencia como participación o estímulo.
  •      Tomar nota de todos los acontecimientos relevantes y apoyarse con una grabadora audiovisual para registrar incidentes y el actuar de los agentes públicos y demás participantes en el transcurso de la manifestación.
  •      No efectuar acciones de provocación, ni interferir en las operaciones de seguridad de la manifestación o poniendo irresponsablemente en peligro su seguridad o la de otras personas.
  •      Observar la actuación de las y los agentes del orden y los mecanismos implementados para mantener el orden público así como de la actitud y acciones de los manifestantes que tengan impacto en la actuación policial, tales como insultos, actos de violencia, provocaciones, destrucción de mobiliario urbano, etc.

 Las protestas y manifestaciones y la forma en que se conducen las autoridades, los manifestantes y, en su caso, los infiltrados, son un tema de interés público. Corresponde a los medios ser testigos e informar sobre el desempeño de unos y otros, pero, fundamentalmente el de las autoridades en lo que toca a la seguridad.

A través de sus crónicas en vivo y posteriores, el público puede evaluar el desempeño de las autoridades y la forma en que controlan o no a los manifestantes y a los infiltrados para proteger a terceros no involucrados como: comerciantes, viandantes, casas, edificios y monumentos.
Las agresiones recibidas tanto por reporteros como por integrantes del “cinturón de paz”, así como la poca inacción policial mostrada a través de los medios, son reflejo de la necesidad de que el gobierno asuma la responsabilidad de dar protección y seguridad a los ciudadanos.

martes, 1 de octubre de 2019

SOBRECARGA DE INFORMACIÓN



El Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2019 publicado por el Instituto Nacional Electoral tiene registrados, sólo en la Ciudad de México: 26 periódicos, 72 revistas de temática y periodicidad diversa, y 134 portales de diferentes medios de comunicación (incluidos las versiones en línea de medios impresos).

Entre los principales diarios editados en la Ciudad de México en promedio se publican de lunes a viernes: 51 columnas de negocios, 94 columnas políticas, 64 artículos de opinión, y el editorial que casi todos los medios publican. A estos medios hay que agregar 108 estaciones de radio y TV (sólo en la capital del país) y cualquier cantidad de otros medios impresos y electrónicos en diferentes ciudades dentro de la República Mexicana.

En lo general los periódicos tiene diferentes secciones como: información general, nacional, de finanzas o empresas, cultura, social, deportes; asimismo las estaciones de radio y televisión cuentan diariamente con al menos un noticiario en 3 momentos del día y con programas informativos sobre diferentes temas.

¿Qué nos indica todo lo anterior?

Básicamente que en la actualidad hay mucha más información de la que un individuo puede procesar para normar un criterio y/o tomar decisiones. Vivimos en lo que se denomina “Sobrecarga de información”, “Infoxicación” o “Infobesidad”.

El doctor Daniel Levitin, profesor de Psicología de la Universidad McGill, en Montreal expresa: “El hombre ha generado más información en los últimos 10 años que en toda la historia pasada de la humanidad; he leído estimados de que hace 10 años sólo existían 30 exabites de información y en la actualidad la cifra es de 300 exabites”. Ello implica mucha más información de la que el cerebro humano puede procesar.

Esto significa un reto para agencias de monitoreo lo mismo que para las de relaciones públicas. Las primeras tienen poco tiempo para encontrar toda la información que sus clientes requieren y las segundas generalmente sufren para colocar las notas de sus clientes ante la competencia informativa. Seguramente alguno de mis lectores se ha enfrentado al clásico “Se le fue la nota a mi agencia” o al reclamo de algún cliente porque “me pasó la nota un amigo que la vio en el noticiario”.

El tema no es nuevo, pero se va incrementando conforme se crean nuevos medios de comunicación. Cada vez es más complicado encontrar si no en todos los medios, al menos en los más relevantes, la información que interesa.
El concepto de “Infobecidad” fue creado en 1964 por Bertram Gross, profesor de
Imagen: The Telegraph
Ciencias Políticas en Hunter College, pero fue popularizado por el futurólogo Alvin Toffler en 1970, en su libro “El Shock del Futuro”. Gross definió la sobrecarga de información de la siguiente manera: “La sobrecarga de información ocurre cuando la cantidad de información de entrada a un sistema excede su capacidad de procesamiento. Los tomadores de decisiones tienen una capacidad de procesamiento cognitivo bastante limitada; en consecuencia, cuando ocurre una sobrecarga de información, es probable que ocurra una reducción en la calidad de la decisión.”

Para normar un criterio o tomar una decisión bien informada una persona tendría que dedicar por lo menos toda una mañana para encontrar la información necesaria, leer y escuchar los comentarios que al respecto hagan los opinadores más relevantes en los principales noticiarios electrónicos, periódicos y redes sociales, y escuchar las entrevistas que se hagan con actores involucrados para asumir una posición personal y, si es el caso, tomar una decisión.

Como ello resulta poco convencional se recurre a agencias de monitoreo que hagan dicha tarea y presenten un resumen que facilite la toma de decisión, pero aun así no hay la certeza de que la información contenida se ajuste a los criterios del solicitante debido a los criterios personales de quienes intervienen en la elaboración del resumen: Lo que para uno es importante puede ser irrelevante para otro; lo que para “A” es positivo puede resultar neutral o negativo para “B”, dependiendo de los marcos de referencia de cada uno.

Algunas de las razones que contribuyen a esta infobecidad son, además de la multiplicidad de medios de comunicación: La continua generación de nuevos contenidos en todos los medios, la emisión de información inexacta o contradictoria (como en el caso del actual gobierno), la competencia mediática por obtener primicias y estar delante de los demás, la multiplicación de la información a través de las redes sociales y/o la variedad de opiniones en diferentes columnas o artículos sobre un mismo acontecimiento, entre otros factores.

Esta infoxicación genera las más de las veces confusión, induce a la especulación y contribuye a desacuerdos y conflictos. Cito de nuevo al doctor Levitin: “El pensamiento consciente puede poner atención a 3 ó 4 cosas a la vez. Si nos vamos más allá de eso, nuestro juicio empieza a empobrecer y perdemos el foco de las cosas”.

¿Qué hacer ante esta sobrecarga de información?

Me parece que una de las primeras acciones personales es empezar por discriminar a algunas fuentes informativas, las que para cada quien sean menos confiables. Tenemos derecho a no leer o escuchar a quien no nos agrada en función a sus opiniones e inclusive a ignorar alguna información que consistentemente se considere superficial, no documentada o tendenciosa.

Un segundo paso es definir los medios preferidos y establecer un orden de lectura, por ejemplo: primero en el diario “A” el editorial y luego las columnas de fulano, zutano, etc.; luego el diario “B” con el mismo criterio.
Filtrar la información para enfocarse únicamente en la que es relevante en lo personal para normar un criterio o tomar una decisión; no es necesario leer todo el periódico o revista. Esta acción es más sencilla en las redes sociales pero en el caso de los medios electrónicos si será necesario contar con el apoyo de una agencia de monitoreo que apoye para destacar lo que realmente nos interesa.

Tener presente estas ideas para hacer frente a la infobesidad seguramente ayudará a no ser rebasados por la información y contar sólo con aquella que resulte de utilidad para nuestros intereses y toma de decisiones.