martes, 22 de octubre de 2019

AUTOS ILEGALES: SEGURIDAD O DINERO



 En días pasados se dio a conocer que el grupo parlamentario del Movimiento de “Degeneración” Nacional (Morena) presentó en el Congreso una propuesta para legalizar cerca de 18 millones de autos chocolate al considerar que generaría una recaudación de alrededor de 50 mil millones de pesos.

La Coparmex de inmediato se opuso a tal propuesta y en su portal electrónico refiere que “La historia reciente ha demostrado que este tipo de regularizaciones, generan una gran afectación a la industria automotriz
mexicana, provocando la caída estrepitosa de las ventas de automóviles y autopartes, y exponenciando el mercado ilegal e informal de venta de autos introducidos ilegalmente al País.”

En efecto, el tema no es nuevo en México.

Desde mediados del siglo pasado al adquirir un automóvil o cualquier vehículo para transporte se requería registrarlo en el Registro Federal de Automóviles, en acatamiento a la Ley correspondiente establecida en 1955.

Para un auto nuevo la distribuidora se encargaba del trámite y el propietario recibía, junto con la tarjeta de circulación, un tarjetón con los datos del vehículo y diversos renglones para registrar los cambios de propietario.  El auto se entregaba con una placa metálica grabada adherida al poste de la puerta, conteniendo los datos básicos (número de registro, serie, motor,
marca, modelo, chasis, etc.), y una calcomanía dorada pegada en la parte superior central del parabrisas, misma que debería permanecer siempre visible.

Quien adquiría un auto usado, tenía que iniciar un trámite ante las oficinas del propio Registro Federal de Vehículos, lo que derivaba en una serie de abusos por parte de todos los involucrados. Situación similar ocurría con los autos importados.

Pero el ingreso ilegal de vehículos siguió creciendo y el 9 de julio de 1956 se publicó un decreto en donde se autorizaba la regularización de vehículos nuevos y usados de procedencia extranjera. El Gobierno argumentó que esa era la primera y última vez que sucedía algo similar. Sin embargo, desde entonces y hasta 1999 se dieron otros nueve decretos regularizadores; en cada uno se aseguraba que ya no se dejaría entrar más autos ilegales.

Gracias a ello, particulares con potencial económico pudieron importar autos de Estados Unidos, Canadá, Alemania o Francia, principalmente. Cada vehículo debía ser registrado a través de una “tarjeta aduanal”.

Ese era el modelo de la industria automotriz mexicana en tiempos del Presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958): autos importados sujetos a cuotas y un registro vehicular generalmente complicado y corrompido. Sin embargo, surgió en el gobierno la inquietud por mexicanizar la industria, incorporarle contenido nacional y generar un aparato proteccionista.

El paso lo dio su sucesor Adolfo López Mateos -aficionado a los autos y poseedor, entre otros de un Ferrari (importado, por supuesto)-  cuando en 1962 emitió la “Ley de Fomento de la Industria Automotriz” por la que dicho sector pasó de ser ensamblador a fabricante.  Para 1964 se empezaron a vender en el país autos y camiones con motores fabricados en México, al tiempo que se cerraron las fronteras a la importación de vehículos. Ello produjo dos efectos:
         Al dejar de ingresar autos al país, los que ya circulaban en México quedaron en calidad de vehículos descontinuados y con pocas posibilidades de mantenimiento o reparación.
         La falta de refacciones para los mismos abrió el mercado al contrabando y a la apertura de refaccionarias de autos europeos, ubicadas en la colonia Roma de la ciudad de México, en donde era fácil encontrar piezas, nuevas o usadas.

A fin de garantizar seguridad jurídica de los propietarios de automóviles, el 13 de enero de 1965 se publicó en el Diario Oficial la Ley del Registro Federal de Automóviles  que facultaba al Registro Federal de Automóviles y sus delegaciones a administrar este registro y autorizar todos los trámites relacionados con su inscripción definitiva, provisional o temporal.

Así, con una Ley de fomento y otra para el registro de los autos, en 1966 se
abrieron las primeras fábricas de autos en México: Autos Mexicanos (Automex) fabricante de Dodge; Vehículos Automotores Mexicanos (VAM) productores de Rambler; Nissan con su línea de Datsun, Renault y por supuesto  Ford, Chevrolet y Volkswagen. En 1969 se publicó otro decreto para ampliar los niveles de producción y fomentar la exportación de motores y autopartes.

Sin embargo, el Registro Federal de Automóviles desapareció al abrogarse la ley que le dio origen. El 30 de diciembre de 1977, se emitió una nueva Ley del Registro Federal de Vehículos que pretendía establecer el control fiscal y el registro de vehículos, que también se derogó el 28 de diciembre de 1989.

A lo largo de las últimas tres décadas del siglo pasado se dieron numerosos esfuerzos para regularizar vehículos ilegales. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados publicó en un estudio, en 2004: “En los últimos 25 años ha habido un total de 14 programas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera, donde los primeros acuerdos únicamente permitían la regularización para los propietarios avecindados en las zonas fronterizas. Con el paso del tiempo se fue ampliando el beneficio a los campesinos al permitir la regularización de vehículos destinadas a actividades agropecuarias y forestales como pickups y camiones tipo estacas.”

El 27 de diciembre del 2000 fue aprobada en la Cámara de Diputados la “Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera”. Entre los motivos que los legisladores manifestaron para aprobar dicha Ley destacaba permitir un mejor control de las unidades inscritas, a fin de combatir la inseguridad, dado el uso de este tipo de unidades en la realización de diversos tipos de ilícitos. Asimismo consideraron que la importación ilegal de vehículos causa un daño importante a la planta productiva del país, importante generadora de empleo.

En esta ocasión, el principal motivo de los legisladores, según el diputado Manuel López Castillo, de Morena, es que “sería una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales, se habla de alrededor de 50 mil millones de pesos que se podría lograr con esa regularización”.

Primero el dinero y luego, si se acuerdan, la seguridad.


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